Categoría arrendamiento (5)

La presidenta de la comisión permanente de Servicios Públicos y Participación Ciudadana del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), diputada del PSUV, Roselys Salazar, certificó que se encuentran suspendidos los desalojos habitacionales aunque ya cuenten con una sentencia firme del tribunal competente.

Especificó la parlamentaria que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Nº 1171, ordena la prohibición de los desalojos habitacionales y la instalación de una mesa de trabajo nacional y regional para atender de cerca estos casos, levantar una base de datos para poder darle respuesta a este sector de manera oportuna a las familias que se les estaría cercenando el derecho a una vivienda.

Indicó que recibió esta solicitud por parte del Movimiento Nacional de Inquilinos y está trabajando de manera conjunta con Eloísa Martínez, vocera regional de esta instancia, para conformar la mesa de trabajo regional que contará con representantes del CLEB, el Sunavi y la AN, la cual será activada en los próximos días; de momento se encuentran en conversaciones con las instancias competentes para que faciliten la lista de las sentencias firmes de desalojos habitacionales para contactar a las personas afectadas en toda la región, aunque se estima que hay más de 300 habitantes afectados.

Inquilinos podrán comprar

La diputada Roselys Salazar manifestó que esta sentencia también regula los inmuebles constituidos en propiedad horizontal, viviendas o residencias que tienen más de 20 años de construcción y son alquilados, con la finalidad de que puedan ser adquiridos por sus inquilinos, normativa que viene a regular esta situación y el propietario deberá permitir su venta, sin importar el tiempo de alquiler (puede ser de años o de algunos meses), ya que esta norma va directamente dirigida a verificar el tiempo de construcción de la estructura.

Precisó la parlamentaria que además de la sentencia 1171, el artículo 49 de la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento y Vivienda establece la venta de los inmuebles de vieja data a sus inquilinos.

Fuente: nuevaprensa.com.ve
Fecha: 26-09-2015

Miles de arrendadores venezolanos, que en el pasado se esforzaron para convertirse en propietarios de viviendas que luego alquilaron, ven depreciados todavía más sus patrimonios luego de la implementación del nuevo cono monetario, el cual eliminó cinco ceros al bolívar y, por tanto, ha hecho inviable que los inquilinos paguen los cánones de arrendamiento que ya eran irrisorios por el control que mantiene el gobierno en el contexto de la hiperinflación que afecta al país.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos Alberto González Contreras, opinó que la situación de este importante subsector de las actividades inmobiliarias es un ejemplo claro de cómo los controles gubernamentales destruyen la confianza de los inversionistas e imposibilitan la oferta de servicios. “¿Quién va a construir para alquilar en Venezuela? Nadie. Desde hace años el Ministerio de Vivienda, a través de la Superintendencia de Arrendamiento de Viviendas, SUNAVI, ha mantenido congelados los arrendamientos en niveles absurdos mientras la inflación ha galopado en el país. Hay personas que pagan 70, 100, 500 o 1000 bolívares fuertes por el alquiler de un apartamento. Hay miles de arrendamientos que hoy en día se encuentran detenidos en esas ridículas cifras que no alcanzan ni para que el propietario pague el condominio. ¿Lo peor? Esas cantidades han incluso desaparecido con la implementación del nuevo cono monetario”.

Para el vocero del gremio inmobiliario, la dificultad de pagar el canon de arrendamiento es un efecto perverso de un sistema arbitrario en el que el gobierno controla las variables económicas, sin permitir que los actores lleguen a consensos que hagan viables las relaciones de alquiler. “¿No es tiempo de modificar este injusto tutelaje? ¿Alguien puede considerar admisible que con una de las nuevas monedas de 0,5 bolívares soberanos un inquilino pueda pagar, en algunos casos, hasta 40 años de alquiler?”.

González Contreras exhortó, en primera instancia, al cumplimiento del artículo 74 de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, lo cual permitiría actualizar el valor del metro cuadrado de construcción, algo que no se ha hecho desde el 20 de noviembre de 2012. Dijo, además, que es prioritario que se discuta la reforma total de esta ley para garantizar el derecho de propiedad de los arrendadores, el cual ahora está menoscabado por la normativa.

“Mientras exista una ley que beneficie a una de las partes y perjudique abiertamente a la otra, los alquileres de vivienda en Venezuela seguirán desapareciendo”, aseveró.

Añadió el líder gremial: “Uno de los grandes problemas de Venezuela es la falta de confianza que han generado leyes que restringen el derecho de propiedad privada. Por otra parte, las amenazas al sistema democrático, la devastadora hiperinflación y las condiciones de vida precarias de 80% de la población generan gran incertidumbre en todos los ciudadanos”.

El gobierno debe permitir el funcionamiento de los mercados, la oferta y la demanda, y necesita cambiar el rumbo de la economía conforme a la guía de verdaderos expertos, los cuales reiteradamente han recomendado no seguir en el camino de los controles, la persecución y el ataque a la propiedad privada, porque esa forma de gobernar es el origen de los males económicos de la república, concluyó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

Fuente: Prensa de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, 23 de agosto de 2018.

Regulación de precios no permite que propietarios y locatarios puedan surgir en actividades comerciales.

El sueño de todo emprendedor es convertirse en empresario. En el dueño de su propio negocio, en ser su propio jefe, el que pone las reglas, tener personal a su cargo y, por supuesto, una mayor ganancia, tras años de espera para ver rendir sus frutos.

Pero, no es tan sencillo y menos aún en el contexto venezolano.

Una locataria que llamaremos Karina, tenía una minitienda en el Centro Comercial Ciudad Alta Vista. Con años de esfuerzo y con el apoyo de su esposo decidió montar su propio local en la rama de la estética.

Se unió a una franquicia y comenzó con lo suyo. Arrendó un local en un pequeño centro comercial de Unare, lo decoró, contrató personal, compró material, hacía trámites para tener un punto de venta, pero mientras tanto trabajaba con transferencias, ante la escasez de efectivo.

Fueron meses de lucha constante, de aumentos de precios para subsistir y cubrir los gastos operativos y su canasta básica como cualquier venezolano, pero le tocó un balde de agua fría recientemente: le cobrarán el alquiler del local en dólares.

Desde enero 2017 pagaba Bs. 1.200.000 en condominio y Bs. 1.800.000 en alquiler hasta junio. En julio con la renovación de contrato, el propietario del centro comercial les informó que serían 100 dólares para los de planta baja y 200 para planta alta, pagados en bolívares al cambio de una página de esta cotización del mercado negro.

En este centro comercial hay unos 15 locales y el cambio en la tarifa fue un ultimátum: si no quieren busquen en otro lado.

Eso pensaba hacer Karina, pero salió horrorizada de otros centros comerciales a los que fue a comparar, donde los locales estaban en peores condiciones y entre 300 y 600 dólares por arrendamiento.

“De tanto llorarle -al propietario del centro comercial- lo bajó a $50 pero aun así es demasiado para nosotros”, dice.

“Eso está igual en todos lados, es una locura”, agrega.
La locataria insiste en que su caso es complicado porque no vende productos, sino servicios y de aplicar cambio de precios para cubrir el alquiler, “los clientes van a chillar”.

Escenario complicado

El sector comercial está dando brazadas en un mar donde no ve orilla, ni salvavidas.

Con una cifra del Índice Nacional del Precio al Consumidor oculta por el Banco Central de Venezuela, que la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional calcula a 4.684,3 % la acumulada hasta junio, pero que para el cierre de año el Fondo Monetario Internacional estima en 14 mil %, con una posible caída del Producto Interno Bruto del 15 % a final de año, con una reconversión monetaria que ha sido postergada, regulación de precios, escasez de efectivo, puntos de venta incomprables, entre otros factores, el escenario nada alentador, no solo para el consumidor, sino para el proveedor de bienes y servicios.

El presidente de la Cámara de Comercio de Caroní, David Bermúdez, manifiesta que el sector está preocupado no solo por la hiperinflación, sino también por la imposibilidad para reponer inventarios, la devaluación y los alquileres.

Explica que al no haber cifras del BCV que permitan hacer un avalúo del inmueble, muchos se están desfasando en el tiempo, por lo que los propietarios han optado a hacerlo en dólares al cambio todos los meses.

Al gremio le preocupa aún más que la modalidad de cobrar arrendamiento en gramas de oro, como se hace en municipios del sur, ya llegó a Ciudad Guayana.

“Los que se dedican a este rubro, sus alquileres, tenemos conocimiento que tienen que pagarlo en gramas de oro, ya se está presentando ese fenómeno”, advierte.

No obstante, Bermúdez rescata que sí hay algunos propietarios de centros comerciales que están rigiéndose por la ley.

No está permitido

El presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar, Clemente Tenía, aunque admite que están haciendo estas negociaciones, pero aclara que el gremio no las avala.

“Estamos alertando tanto a los propietarios como a corredores que es muy riesgoso, se puede prestar a estafas y muchas cosas”, explica.

Sin embargo, acepta que la realidad no la pueden ocultar y uno de los problemas es que ni los corredores, ni propietarios, conocen de oro, su pureza o en cuánto se tranza, sin contar que no es legal.

Respecto al mercado inmobiliario, dice que las cotizaciones han disminuido en cuánto a su precio real y se están vendiendo entre 40 y 50 % menos por la situación del país, “en especial en la Región Guayana con las Empresas Básicas quebradas y la única que tiene ingreso es el Arco Minero y por eso las ofertas son en oro”.

Menciona que los precios se han ido al suelo porque no hay créditos hipotecarios a los que las personas puedan acceder o las cantidades son ínfimas.

Aunado a esto, la gente que se va del país vende sus inmuebles a precios irrisorios.

Tenía afirma que actualmente la caída del mercado es de 70 % y de 95 % en el sector construcción.

“No se está construyendo nada porque no hay materiales y las políticas no son atractivas”, añade.

Esta situación no solo afecta al sector privado, la Gran Misión Vivienda Venezuela también está paralizada, según el experto.

El directivo de la cámara señala que la falta de garantías jurídicas y que el derecho a la propiedad quede en entredicho con rumores como el “Ubica tu casa”, son perjudiciales.

Descontrol
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias reconoce que hay quienes hacen aumentos exagerados. “Hay locales de centros comerciales en Alta Vista que pagaban 80 millones y les hicieron aumento, es decir, adicionalmente a los ingresos deben sacar mil millones para cubrir gastos operativos de alquiler”, alerta.

“El ritmo del aumento del dólar no permite organizar o planificar eventos a mediano o largo plazo en bolívares, cómo uno se programa. Cobrar en dólares por lo que uno hace, no es lo que se quiere, pero hay casos donde los insumos varían, lo que hace que lo que uno cobre en bolívares no vale nada, a veces es como hacer el trabajo de gratis”, lamenta Mariela Mendoza de Buscadores de Libros.

Da como referencia que para el taller de plastilina para chamos cobran Bs. 1.500.000 por niño y la caja de plastilinas cuesta de Bs. 4.000.000 en adelante, de acuerdo a la marca. Cobrar 6 millones por niño suena exagerado, pero al pedirle al representante que compre los materiales, probablemente desista de inscribir a su hijo en la actividad.

Eso es tan solo en gastos operativos y no queda ganancia para cubrir el alquiler.

El directivo, por su parte, sostiene que esta modalidad es inviable a futuro, porque deben entonces modificar la estructura de costo en base al mercado negro.

“El problema es cuando tienes una estructura de costos que está regulada y precios fijos”, añade.

A eso se suma el Plan 50 propuesto por el Ejecutivo nacional, que también es considerado un factor que impedirá obtener ganancias para cubrir gastos de alquiler.

“En los centros comerciales estás viendo un cementerio comercial que nos preocupa mucho. De 10 locales, 8 están cerrados”, precisa.

Esta caída se traduce en menos oferta de productos y servicios, menos empleo, reducción de impuestos para el municipio y demanda que superará a la oferta.

¿Se puede llegar a un término medio?

-Bermúdez: No hay una figura que agrupe a los locatarios, puedes llegar a un acuerdo con un centro comercial, ¿pero qué pasa con el resto?

-Tenía: Nosotros tenemos asesores legales a los cuales pueden recurrir con toda la confianza gratuitamente, tanto propietarios como compradores.

Mientras tanto Karina seguirá insistiendo al propietario del centro comercial que al menos acepte $25 por pago de alquiler y como muchos locatarios de la ciudad intentará que la hiperinflación no acabe con su sueño de comerciante.

LEONERVIS HERNÁNDEZ

Fuente: primicia.com.ve
Fecha: 12-07-2018

Por precaución los propietarios solicitan hacer contratos a nombre de una firma jurídica.

Que Caracas sea la ciudad menos asequible para alquilar vivienda, según el índice Bloomberg Global City, no le sorprende a Marco Zárraga, quien desde enero de 2018 no consigue un alquiler en el este de Caracas por debajo de los 100 dólares. La realidad económica se impone sobre la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que rige esta materia desde 2011, y que prohíbe arrendar en moneda extranjera.

Desde 2012 no se actualiza el valor por metro cuadrado a pesar de la inflación. Los contratos se hacen al margen de la ley, no son escritos, sino orales y priva la buena fe. En febrero de 2017, alquilar una habitación en La Pastora, San Agustín, Quinta Crespo o Candelaria costaba Bs 35 mil. Un año después arrendar un cuarto en La Pastora, cerca del TSJ, cuesta Bs 700 mil, 950 mil en San Bernardino y en una residencia de estudiantes en Prado de María, cerca de la UCV, piden 900 mil. En un año, los precios registraron incrementos que oscilan entre 1.900% y 2.400%. Desde el 1° de marzo, el salario mínimo integral se ubicó en Bs. 1.307.646.

En municipios como El Hatillo, Chacao y Baruta las tasas de alquiler de una habitación con baño se ubican entre 25 y 30 dólares. Por un anexo en Prados del Este de 90 metros piden Bs 30 millones (138 dólares) y arrendar un apartamento de una habitación en El Rosal ronda los 200 dólares.

El mercado es reducido y ofrece muy pocas opciones para quienes tienen niños y mascotas. La mayoría de los arrendatarios buscan parejas o personas solteras. Aquiles Martini, expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, recuerda que la Ley de Arrendamiento no proporciona seguridad jurídica a los propietarios.

Por precaución muchos solicitan hacer el contrato a nombre de una firma jurídica y algunos propietarios de apartamentos prefieren arrendarlos para oficinas. Otros ofrecen la llamada habitación compartida, la forma más factible que han encontrado universitarios, profesionales o personas del interior para tener un techo.

Sectores populares como Las Minas de Baruta, algunos barrios de Petare, El Pedregal y La Cruz en Chacao y El Calvario en El Hatillo se han convertido en lugares demandados para arrendar viviendas.

Miles de demandas de desalojo están paralizadas. Entre las razones, Teresa Borges, abogado inmobiliaria, señala que faltan refugios temporales y defensores públicos, y que los juicios en materia inquilinaria pueden tardar hasta un año para fijar una audiencia. Agrega que en la actualidad hay cinco leyes que regulan el tema del arrendamiento cuando debería existir solo una. Propone despolitizar el área de alquiler de viviendas y establecer medios externos de solución de conflictos sin llegar a los tribunales.

DELIA MENESES

Fuente: El Universal

En esta entrega analizamos el Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Como en ocasiones anteriores, respondemos a las inquietudes que normalmente nos presentan tanto arrendadores como inquilinos.

¿La llamada LAI (Ley de Arrendamientos Inmobiliarios) está vigente?
Sí, pues solo queda derogada su aplicación a los inmuebles destinados a vivienda y comercio, según la Disposición Derogatoria Única de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, y según Disposición Derogatoria Primera del Decreto Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.

¿Y a qué inmuebles aplica?
Oficinas, consultorios, galpones, industrias y otros distintos a vivienda y comercio.

Sin embargo, toma fuerza cada vez más la idea de desaplicarlo incluso en algunos de esta tipología de inmuebles con vista a la definición de acto de comercio.

¿Qué establece o controla?
Pues como toda la legislación especial en materia de arrendamiento, esta ley regula los siguientes elementos: el precio del canon y la pretensión sancionatoria; la terminación de la relación arrendaticia (la prórroga legal, la preferencia ofertiva y la pretensión sancionatoria, el retracto legal arrendaticio); las garantías del contrato; el desalojo y sus causales; la consignación arrendaticia como protección ante la conducta del arrendador de negarse a recibir el pago; el procedimiento administrativo y jurisdiccional; el contencioso administrativo inquilinario.

¿También hay fijación o límites en el monto de los cánones de arrendamiento o las partes libremente pueden acordarlo?
Sí mantiene el control de precio del canon a los inmuebles construidos antes del 2 de enero de 1987, estos están sujetos a regulación por un órgano administrativo que fue eliminado al promulgarse la legislación en materia de arrendamiento comercial.

Al terminar el contrato, ¿se tiene que ir el inquilino?
Es en este Decreto Ley que nace en nuestro país la figura de la prórroga legal sustituyendo la preferencia del inquilino al vencimiento del contrato, fruto de injusticias e inseguridad jurídica para ambas partes de la relación arrendaticia.

Una vez vencido el contrato, comienza a transcurrir el período de prórroga legal que es de Orden Público y a favor del inquilino.

Para el cómputo debe considerarse todo el tiempo de la relación arrendaticia, es obligatoria para el arrendador y una vez vencida, es que nace la obligación para el inquilino de entregar el inmueble.

¿Y si quiero venderlo y está alquilada la oficina?
De igual manera se debe notificar con las formalidades establecidas en la ley, la Preferencia Ofertiva. Valga reseñar que es en esta ley que se hace efectivo este derecho que ante la vigencia del régimen derogado fue constantemente burlado. De no cumplir con la oferta primero al inquilino, o realizarla en condiciones menos favorables, este puede ejercer la acción por Retracto Legal Arrendaticio.

¿Qué garantía puedo pedir en ese tipo de contratos? ¿Hay límites o puedo pedir lo que quiera al arrendar?
Hay garantías reales y personales. Y en el caso de depósito en garantía se puede pedir hasta cuatro meses de depósito.

Es importante acotar que aun cuando se incrementó el número de meses para el depósito, las partes dado el ajuste acorde del monto del canon usualmente negocian una cantidad inferior por tal concepto.

También debemos señalar que es en este cuerpo legal donde se contempló la obligación para el arrendador de depositar en una cuenta bancaria el depósito en garantía, que los intereses corresponden al inquilino, el lapso para la restitución de la garantía, e inclusive el procedimiento para la devolución en caso de incumplimiento del arrendador en única instancia, lo que fue debatido en la Sala Constitucional, la cual declaró la constitucionalidad de dicho artículo.

Si el inmueble no está sujeto a regulación, ¿cómo hago para aumentar el canon?
Si las partes nada convinieron al respecto, procede la aplicación del artículo 14, que establece el ajuste anual por el IPC.

¿La LAI que tuvo de novedoso?
A pesar de ser sumamente cuestionada en la actualidad por un sector, las nuevas leyes incorporaron muchas de las novedades de este texto legal, a saber:

Exceptuar del régimen de arrendamiento las viviendas derivadas de la relación laboral.
La nulidad del subarrendamiento no autorizado.
La publicidad de ofertas de los inmuebles y normativas antidiscriminatorias.
La protección de la garantía entregada, la cual debe depositarse en un banco y los intereses a favor del inquilino, PERO EN ESTA LEY ES MÁS EXPEDITO LA RESTITUCIÓN DE LA MISMA.
La penalidad por incumplimiento.
Art. 20, garantía de posesión pacífica del inmueble a favor del inquilino ante cualquier acto traslativo de propiedad del mismo a terceros.
Prórroga legal en comercio y el problema creado en el arrendamiento de vivienda ante su eliminación.
En el procedimiento jurisdiccional: el tratamiento de las cuestiones previas; EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LOS NUEVOS TEXTOS VIOLAN LOS PRECEPTOS PROCESALES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN (art. 26 –accesible, imparcial, expedita sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles-. Art. 257 – las leyes procesales deben simplificar, eficacia, brevedad-)
Procedimiento de la Preferencia Ofertiva y efectividad en la posibilidad del ejercicio del Retracto Legal.
La asesoría a los inquilinos. Art. 92 LAI, Disposiciones Finales.
Solidaridad en el reintegro de sobrealquileres.
He sabido que en el interior las Alcaldías siguen fijando el canon de arrendamiento, ¿esto es así?
En la actualidad hay una carencia de Órgano Competente para fijar los cánones de arrendamiento sujetos a control como antes se indicó.

Entonces, ¿cómo quedan las delegaciones realizadas a las alcaldías?

Según el artículo 178 de la Constitución, dentro de las competencias del Municipio tenemos “…la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia…”.

A su vez, el artículo 9 de la LAI, establece: “Las funciones administrativas inquilinarias son de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, y el ejercicio de sus funciones podrá ser delegado por este Poder Nacional a las Alcaldías…”.

Por tanto la delegación que en su día hiciera la Dirección de Inquilinato quedó sin efectos, y ante la carencia de órgano designado por el Ejecutivo quien mantiene la competencia en la materia, NO EXISTE ORGANO COMPETENTE PARA EJERCER LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN ESTA LEY.

Corresponde al Presidente de la República proceder a ello, según el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, pues este puede “…variar la dependencia jerárquica de los órganos y servicios desconcentrados de la Vicepresidencia de la República, de las vicepresidencias sectoriales, de los ministerios el Poder Popular y de las oficinas nacionales, a otro órgano superior de la Administración Pública Nacional, mediante Decreto que deberá indicar el órgano que ejercerá el control jerárquico. Con la variación de la dependencia jerárquica del órgano o servicio desconcentrado, se transferirán además, al órgano receptor, las competencias o atribuciones del órgano que venía ejerciendo el control jerárquico, inherentes al funcionamiento de dicho órgano o servicio desconcentrado. Ordenada la variación de la dependencia jerárquica del órgano o servicio desconcentrado, los bienes.”

¿Y entonces que se podría hacer ante esta inexistencia de órgano competente?
La importancia de este aspecto surge ante la facultad atribuida a la administración de fijar los cánones de arrendamiento en los inmuebles sometidos a control de precios, y sanciones por ilícitos.

Ante ello, tenemos estas posibles soluciones:

Recurso de abstención. Carencia Legislativa.
Avalúos según la Ley.
En la actualidad tenemos tres sistemas de Avalúo en Arrendamiento de Inmuebles: Vivienda, Comercio y otros Usos.

El referido a VIVIENDA se rige de la siguiente manera:

Sistema por los parámetros de la Ley, valor m2 preestablecido, no valora zonificación, ubicación, ni terreno. Valores totalmente irrisorios e irreales.
Cuando se trata de COMERCIO, las disposiciones son las siguientes:

Avalúo por el método de costo de reposición y fórmula establecida para el cálculo del canon fijo. Revisión anual y por INPC de bienes y servicios. SUNDDE debe acordar la metodología.
¿Y los inmuebles regidos por la LAI?

Sistema similar al de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública.
Valor fiscal declarado.
Valores de transmisión.
Valores promedio del mercado.
El valor promedio de mercado equilibra la falta de actualización del valor fiscal y de transmisión.
Pero calcular así el valor del inmueble para luego determinar la renta hoy presenta otros inconvenientes:

La carencia de informaciones de valores de mercado.
La distorsión en las informaciones.
Si se obtuviera referencias reales, el alquiler sería impagable.
Por ello, una alternativa equitativa sería utilizar como herramienta el avalúo según el sistema comercial o ajustar según el IPC.

Todo ello considerando que en el contrato debe mantenerse el equilibro para ambas partes, y por ello debe SIEMPRE IMPERAR LA CONCILIACIÓN, tal como es el espíritu de la nueva ley de arrendamiento comercial.

En este aspecto, existe solo un riesgo, el posible reintegro y la sanción pecuniaria.

Sin embargo, en la práctica pareciera imposible proceder a ello, no solo por conceptos doctrinarios, sino por cuanto la data de la Dirección de Inquilinato se extravió, pérdida irrecuperable de una data inmobiliaria valiosa desde muchas perspectivas.

¿A quién defendemos en definitiva? ¡Debemos buscar el equilibrio!

Teresa Borges García

Fuente: Cámara Inmobiliaria de Venezuela

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