Categoría Cámara Inmobiliaria de Venezuela (8)

uente: El Universal
Fecha: 16-04-2020
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La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) publicó este 16 de abril un manifiesto en donde solicitan una coalición “de todos los sectores productivos, sociales y políticos del país para su reconstrucción y lograr contener los efectos de esta terrible pandemia”.

En el documento se expresa que, frente a las distintas coyunturas que enfrenta el país durante la pandemia del Covid – 19, el gremio propone diferentes medidas que pueden solventar los problemas del sector.

Primero, la CVC incita a las autoridades públicas y del sector a reactivar obras paralizadas y prioritarias en el país con empresas venezolanas, “mediante soluciones mixtas de contratación”, en donde se dé prioridad a proyectos para solventar el acceso al agua potable y a la electricidad.

También se exhorta a la administración pública a “despenalizar el sector inmobiliario”, mediante la implementación de modificaciones a la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria y a la Ley de Arrendamientos, con el objetivo de “promover la culminación de proyectos existentes y mejorar las condiciones para arrancar nuevos proyectos”.

Luego, como tercer punto, propone dinamizar la oferta de productos consumibles de construcción, mediante un régimen temporal que permita importar acero y/o cemento sin aranceles, consumibles de construcción y/o acabados, así como materia prima requerida para fabricar estos productos en el país; así como dinamizar el acceso a financiamiento mediante el mercado de valores y posibilitar la emisión de deuda privada en divisas para proyectos inmobiliarios.

Por último, solicitan la creación de una Agencia Nacional de Proyectos APP, de índole público-privada, para evaluar y “factibilizar soluciones” para la infraestructura pública nacional.

“La Nación debe hoy enfrentarse a una gravísima crisis económica con la infraestructura pública nacional en condiciones precarias, debido a la desinversión y a más de 8 años de contracción sostenida del sector construcción. Al cierre de 2019, según las cifras del Banco Central de Venezuela, solo sobrevive un 3% del sector”, establece el documento.

“Los constructores venezolanos, como lo hemos venido haciendo, estamos prestos a promover y trabajar en la construcción de una Venezuela basada en la transparencia, equidad, respeto a los derechos individuales y los valores democráticos”, concluyen.

El temor de dejar los bienes abandonados es uno de los dilemas que enfrentaron los venezolanos que emigraron en los últimos 20 años. Es el mismo que sienten quienes, en la actualidad, piensan irse del país. Sin embargo, la crisis económica ha sido para algunos la oportunidad de reinventarse en el campo laboral con nuevos oficios.
Muchos de los que se van prefieren vender sus propiedades o dejarlas al cuidado de sus familiares. Pero aunque no siempre es el caso, hay quienes deciden dejar su casa sola.

En Caracas, para un pequeño grupo de amigos que emigraron desde hace tres años, la situación es diferente. Cuentan con alguien al que catalogan de honesto y de confianza, un venezolano que se quedó y se dedica a cuidar las casas que permanecen deshabitadas.
Durante 15 años, Robert Llorens* se dedicó a gerenciar su propia empresa de promociones y eventos. Recuerda con alegría que antes de la crisis trabajaba para grandes compañías del país, organizó eventos para Empresas Polar, tuvo como clientes a empresarios de Telcel, prestó sus servicios a importantes productoras de ron y trabajó para algunos locales nocturnos de Caracas. En 2015 su compañía dejó de facturar y se quedó sin empleo.

Ahora trabaja cuidando casas. Lo que inició como un favor se convirtió en una nueva forma de ganar dinero e invertir el tiempo en una actividad que, además, disfruta hacer. Robert vigila una vez por semana los apartamentos de las amistades que se encuentran en el exterior; presta el servicio de limpieza una vez al mes, se encarga de los trabajos de albañilería, electricidad y remodelación cuando es necesario y los propietarios se lo piden.
“Todo esto surgió por la necesidad. Primero fue por un amigo que se fue y me preguntó que si le podía cuidar su casa. Le dije que sí, que no había problema. Después se fue mi vecina y me dejó las llaves de su casa para que le diera una vuelta de vez en cuando. Luego se fue una tercera amiga que me pidió el favor de que le cuidara la casa; tampoco tuve problema en hacerlo”, indica el venezolano de 54 años, quien también es comunicador social.

Sistema de monitoreo, una forma de eludir la delincuencia
La mayor preocupación de un propietario, al emigrar, es que su vivienda sea hurtada o invadida. Por ello, Robert al visitar los inmuebles da indicios de que estos todavía están habitados. Deja las luces encendidas, la radio o la televisión.
Llorens señala que es una supervisión que no se limita solo al servicio de monitoreo, como él lo llama, y que en otros países recibe el nombre de Concierge Management Houses: también asiste a las reuniones de condominio para estar al día con lo que sucede en el edificio y mantener informados a los propietarios de los apartamentos.

“Los vecinos me ven de arriba a abajo. Se quedan extrañados porque no soy conocido y tengo las llaves de un apartamento que no es mío. Pero yo con una sonrisa me presento, porque cuando regalas una sonrisa de entrada te reciben bien, y les explico. Les digo lo que hago. Trato de irme bien vestido porque la imagen cuenta y yo estoy prestando un servicio”, asegura.
La migración de venezolanos se intensificó desde 2015. Son muchos los que se han visto en la necesidad de emigrar hacia otras latitudes con la intención de obtener mejor calidad de vida y oportunidades. De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 1 millón de venezolanos migraron en 2015 y, hasta la fecha, solo 1,6 millones vive legalmente en el extranjero.

Robert encontró en la migración una forma para sobrevivir a la situación económica que enfrenta en Venezuela. Sin embargo, él no considera que lo que hace sea un negocio, a pesar del tiempo que invierte y los costos que le deben pagar los propietarios para el monitoreo de viviendas y la cancelación de los servicios de luz, agua, gas y condominio. Tampoco tiene intenciones de crear una empresa para formalizar la actividad.

Sostiene que las solicitudes que ha tenido del servicio que presta han sido solo de amigos. A veces, las peticiones de los propietarios varían en cuanto al servicio y, por tanto, cambia su precio. “Por ejemplo, ahorita tengo el proyecto de una casa: el dueño quiere que vaya dos veces a la semana a regarle el jardín, ese ya tiene un costo distinto al servicio con el que inicié. Hay personas que se van por una o dos semanas y quieren que les cuide sus mascotas. Eso es otro precio”, explica.
Desde hace dos semanas, Robert publica semanalmente los servicios que ofrece por Instagram y Facebook. Ha tenido buena receptividad y asegura que el número de solicitudes ha aumentado. “Siempre pensaba en cómo promocionarme. Y la mejor promoción que tuve fueron las recomendaciones de la gente. Yo no podía poner un anuncio diciendo: te cuido tu casa si te encuentras fuera del país, porque ¿quién le da la llave de su casa a una persona desconocida para que le cuide el inmueble? Yo no lo haría. Nadie lo hace”, cuenta.
Considera que su trabajo lo hace con cariño y responsabilidad. Espera que el servicio de cuidar las casas sea algo momentáneo, pues insiste en que surgió debido a la crisis económica y no como un trabajo permanente. Mantiene la esperanza de volver a ver a sus amigos en Venezuela. “Me encanta arreglar esas viviendas y darle calor humano. El mayor regalo que puedo darle a mis amigos son fotos y videos de sus casas. Se ponen muy felices. Yo estoy cuidando esas casas para que cuando ellos regresen las consigan tal cual las dejaron, porque tengo la esperanza de que algún día todos los venezolanos que se fueron van a volver”.
*Seudónimo utilizado para resguardar la identidad del entrevistado.

Fuente: El Nacional, 9 de agosto de 2018.

La presidenta de la comisión permanente de Servicios Públicos y Participación Ciudadana del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), diputada del PSUV, Roselys Salazar, certificó que se encuentran suspendidos los desalojos habitacionales aunque ya cuenten con una sentencia firme del tribunal competente.

Especificó la parlamentaria que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Nº 1171, ordena la prohibición de los desalojos habitacionales y la instalación de una mesa de trabajo nacional y regional para atender de cerca estos casos, levantar una base de datos para poder darle respuesta a este sector de manera oportuna a las familias que se les estaría cercenando el derecho a una vivienda.

Indicó que recibió esta solicitud por parte del Movimiento Nacional de Inquilinos y está trabajando de manera conjunta con Eloísa Martínez, vocera regional de esta instancia, para conformar la mesa de trabajo regional que contará con representantes del CLEB, el Sunavi y la AN, la cual será activada en los próximos días; de momento se encuentran en conversaciones con las instancias competentes para que faciliten la lista de las sentencias firmes de desalojos habitacionales para contactar a las personas afectadas en toda la región, aunque se estima que hay más de 300 habitantes afectados.

Inquilinos podrán comprar

La diputada Roselys Salazar manifestó que esta sentencia también regula los inmuebles constituidos en propiedad horizontal, viviendas o residencias que tienen más de 20 años de construcción y son alquilados, con la finalidad de que puedan ser adquiridos por sus inquilinos, normativa que viene a regular esta situación y el propietario deberá permitir su venta, sin importar el tiempo de alquiler (puede ser de años o de algunos meses), ya que esta norma va directamente dirigida a verificar el tiempo de construcción de la estructura.

Precisó la parlamentaria que además de la sentencia 1171, el artículo 49 de la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento y Vivienda establece la venta de los inmuebles de vieja data a sus inquilinos.

Fuente: nuevaprensa.com.ve
Fecha: 26-09-2015

Miles de arrendadores venezolanos, que en el pasado se esforzaron para convertirse en propietarios de viviendas que luego alquilaron, ven depreciados todavía más sus patrimonios luego de la implementación del nuevo cono monetario, el cual eliminó cinco ceros al bolívar y, por tanto, ha hecho inviable que los inquilinos paguen los cánones de arrendamiento que ya eran irrisorios por el control que mantiene el gobierno en el contexto de la hiperinflación que afecta al país.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos Alberto González Contreras, opinó que la situación de este importante subsector de las actividades inmobiliarias es un ejemplo claro de cómo los controles gubernamentales destruyen la confianza de los inversionistas e imposibilitan la oferta de servicios. “¿Quién va a construir para alquilar en Venezuela? Nadie. Desde hace años el Ministerio de Vivienda, a través de la Superintendencia de Arrendamiento de Viviendas, SUNAVI, ha mantenido congelados los arrendamientos en niveles absurdos mientras la inflación ha galopado en el país. Hay personas que pagan 70, 100, 500 o 1000 bolívares fuertes por el alquiler de un apartamento. Hay miles de arrendamientos que hoy en día se encuentran detenidos en esas ridículas cifras que no alcanzan ni para que el propietario pague el condominio. ¿Lo peor? Esas cantidades han incluso desaparecido con la implementación del nuevo cono monetario”.

Para el vocero del gremio inmobiliario, la dificultad de pagar el canon de arrendamiento es un efecto perverso de un sistema arbitrario en el que el gobierno controla las variables económicas, sin permitir que los actores lleguen a consensos que hagan viables las relaciones de alquiler. “¿No es tiempo de modificar este injusto tutelaje? ¿Alguien puede considerar admisible que con una de las nuevas monedas de 0,5 bolívares soberanos un inquilino pueda pagar, en algunos casos, hasta 40 años de alquiler?”.

González Contreras exhortó, en primera instancia, al cumplimiento del artículo 74 de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, lo cual permitiría actualizar el valor del metro cuadrado de construcción, algo que no se ha hecho desde el 20 de noviembre de 2012. Dijo, además, que es prioritario que se discuta la reforma total de esta ley para garantizar el derecho de propiedad de los arrendadores, el cual ahora está menoscabado por la normativa.

“Mientras exista una ley que beneficie a una de las partes y perjudique abiertamente a la otra, los alquileres de vivienda en Venezuela seguirán desapareciendo”, aseveró.

Añadió el líder gremial: “Uno de los grandes problemas de Venezuela es la falta de confianza que han generado leyes que restringen el derecho de propiedad privada. Por otra parte, las amenazas al sistema democrático, la devastadora hiperinflación y las condiciones de vida precarias de 80% de la población generan gran incertidumbre en todos los ciudadanos”.

El gobierno debe permitir el funcionamiento de los mercados, la oferta y la demanda, y necesita cambiar el rumbo de la economía conforme a la guía de verdaderos expertos, los cuales reiteradamente han recomendado no seguir en el camino de los controles, la persecución y el ataque a la propiedad privada, porque esa forma de gobernar es el origen de los males económicos de la república, concluyó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

Fuente: Prensa de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, 23 de agosto de 2018.

Regulación de precios no permite que propietarios y locatarios puedan surgir en actividades comerciales.

El sueño de todo emprendedor es convertirse en empresario. En el dueño de su propio negocio, en ser su propio jefe, el que pone las reglas, tener personal a su cargo y, por supuesto, una mayor ganancia, tras años de espera para ver rendir sus frutos.

Pero, no es tan sencillo y menos aún en el contexto venezolano.

Una locataria que llamaremos Karina, tenía una minitienda en el Centro Comercial Ciudad Alta Vista. Con años de esfuerzo y con el apoyo de su esposo decidió montar su propio local en la rama de la estética.

Se unió a una franquicia y comenzó con lo suyo. Arrendó un local en un pequeño centro comercial de Unare, lo decoró, contrató personal, compró material, hacía trámites para tener un punto de venta, pero mientras tanto trabajaba con transferencias, ante la escasez de efectivo.

Fueron meses de lucha constante, de aumentos de precios para subsistir y cubrir los gastos operativos y su canasta básica como cualquier venezolano, pero le tocó un balde de agua fría recientemente: le cobrarán el alquiler del local en dólares.

Desde enero 2017 pagaba Bs. 1.200.000 en condominio y Bs. 1.800.000 en alquiler hasta junio. En julio con la renovación de contrato, el propietario del centro comercial les informó que serían 100 dólares para los de planta baja y 200 para planta alta, pagados en bolívares al cambio de una página de esta cotización del mercado negro.

En este centro comercial hay unos 15 locales y el cambio en la tarifa fue un ultimátum: si no quieren busquen en otro lado.

Eso pensaba hacer Karina, pero salió horrorizada de otros centros comerciales a los que fue a comparar, donde los locales estaban en peores condiciones y entre 300 y 600 dólares por arrendamiento.

“De tanto llorarle -al propietario del centro comercial- lo bajó a $50 pero aun así es demasiado para nosotros”, dice.

“Eso está igual en todos lados, es una locura”, agrega.
La locataria insiste en que su caso es complicado porque no vende productos, sino servicios y de aplicar cambio de precios para cubrir el alquiler, “los clientes van a chillar”.

Escenario complicado

El sector comercial está dando brazadas en un mar donde no ve orilla, ni salvavidas.

Con una cifra del Índice Nacional del Precio al Consumidor oculta por el Banco Central de Venezuela, que la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional calcula a 4.684,3 % la acumulada hasta junio, pero que para el cierre de año el Fondo Monetario Internacional estima en 14 mil %, con una posible caída del Producto Interno Bruto del 15 % a final de año, con una reconversión monetaria que ha sido postergada, regulación de precios, escasez de efectivo, puntos de venta incomprables, entre otros factores, el escenario nada alentador, no solo para el consumidor, sino para el proveedor de bienes y servicios.

El presidente de la Cámara de Comercio de Caroní, David Bermúdez, manifiesta que el sector está preocupado no solo por la hiperinflación, sino también por la imposibilidad para reponer inventarios, la devaluación y los alquileres.

Explica que al no haber cifras del BCV que permitan hacer un avalúo del inmueble, muchos se están desfasando en el tiempo, por lo que los propietarios han optado a hacerlo en dólares al cambio todos los meses.

Al gremio le preocupa aún más que la modalidad de cobrar arrendamiento en gramas de oro, como se hace en municipios del sur, ya llegó a Ciudad Guayana.

“Los que se dedican a este rubro, sus alquileres, tenemos conocimiento que tienen que pagarlo en gramas de oro, ya se está presentando ese fenómeno”, advierte.

No obstante, Bermúdez rescata que sí hay algunos propietarios de centros comerciales que están rigiéndose por la ley.

No está permitido

El presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar, Clemente Tenía, aunque admite que están haciendo estas negociaciones, pero aclara que el gremio no las avala.

“Estamos alertando tanto a los propietarios como a corredores que es muy riesgoso, se puede prestar a estafas y muchas cosas”, explica.

Sin embargo, acepta que la realidad no la pueden ocultar y uno de los problemas es que ni los corredores, ni propietarios, conocen de oro, su pureza o en cuánto se tranza, sin contar que no es legal.

Respecto al mercado inmobiliario, dice que las cotizaciones han disminuido en cuánto a su precio real y se están vendiendo entre 40 y 50 % menos por la situación del país, “en especial en la Región Guayana con las Empresas Básicas quebradas y la única que tiene ingreso es el Arco Minero y por eso las ofertas son en oro”.

Menciona que los precios se han ido al suelo porque no hay créditos hipotecarios a los que las personas puedan acceder o las cantidades son ínfimas.

Aunado a esto, la gente que se va del país vende sus inmuebles a precios irrisorios.

Tenía afirma que actualmente la caída del mercado es de 70 % y de 95 % en el sector construcción.

“No se está construyendo nada porque no hay materiales y las políticas no son atractivas”, añade.

Esta situación no solo afecta al sector privado, la Gran Misión Vivienda Venezuela también está paralizada, según el experto.

El directivo de la cámara señala que la falta de garantías jurídicas y que el derecho a la propiedad quede en entredicho con rumores como el “Ubica tu casa”, son perjudiciales.

Descontrol
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias reconoce que hay quienes hacen aumentos exagerados. “Hay locales de centros comerciales en Alta Vista que pagaban 80 millones y les hicieron aumento, es decir, adicionalmente a los ingresos deben sacar mil millones para cubrir gastos operativos de alquiler”, alerta.

“El ritmo del aumento del dólar no permite organizar o planificar eventos a mediano o largo plazo en bolívares, cómo uno se programa. Cobrar en dólares por lo que uno hace, no es lo que se quiere, pero hay casos donde los insumos varían, lo que hace que lo que uno cobre en bolívares no vale nada, a veces es como hacer el trabajo de gratis”, lamenta Mariela Mendoza de Buscadores de Libros.

Da como referencia que para el taller de plastilina para chamos cobran Bs. 1.500.000 por niño y la caja de plastilinas cuesta de Bs. 4.000.000 en adelante, de acuerdo a la marca. Cobrar 6 millones por niño suena exagerado, pero al pedirle al representante que compre los materiales, probablemente desista de inscribir a su hijo en la actividad.

Eso es tan solo en gastos operativos y no queda ganancia para cubrir el alquiler.

El directivo, por su parte, sostiene que esta modalidad es inviable a futuro, porque deben entonces modificar la estructura de costo en base al mercado negro.

“El problema es cuando tienes una estructura de costos que está regulada y precios fijos”, añade.

A eso se suma el Plan 50 propuesto por el Ejecutivo nacional, que también es considerado un factor que impedirá obtener ganancias para cubrir gastos de alquiler.

“En los centros comerciales estás viendo un cementerio comercial que nos preocupa mucho. De 10 locales, 8 están cerrados”, precisa.

Esta caída se traduce en menos oferta de productos y servicios, menos empleo, reducción de impuestos para el municipio y demanda que superará a la oferta.

¿Se puede llegar a un término medio?

-Bermúdez: No hay una figura que agrupe a los locatarios, puedes llegar a un acuerdo con un centro comercial, ¿pero qué pasa con el resto?

-Tenía: Nosotros tenemos asesores legales a los cuales pueden recurrir con toda la confianza gratuitamente, tanto propietarios como compradores.

Mientras tanto Karina seguirá insistiendo al propietario del centro comercial que al menos acepte $25 por pago de alquiler y como muchos locatarios de la ciudad intentará que la hiperinflación no acabe con su sueño de comerciante.

LEONERVIS HERNÁNDEZ

Fuente: primicia.com.ve
Fecha: 12-07-2018

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